El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, llegará el jueves a Venezuela en su primera visita desde que asumió el cargo en octubre en reemplazo de la chilena Michelle Bachelet, quien en su momento desató severas críticas del gobierno venezolano.
Durante su visita de tres días sostendrá encuentros con las autoridades, representantes de organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, representantes de grupos de víctimas, jefes de agencias, fondos y programas de la ONU y diplomáticos, informó la oficina del Alto Comisionado en un comunicado.
Al final de su misión Türk ofrecerá el sábado una conferencia de prensa en Caracas.
La cancillería venezolana expresó en un comunicado el jueves su “compromiso inquebrantable” con los derechos humanos y su disposición a dialogar con el Alto Comisionado para “seguir fortaleciendo la protección y garantía de los derechos de todos los venezolanos”.
El escrito añade que la visita de Türk se enmarca en la ejecución de los mecanismos de diálogo “constructivo, cooperación y asistencia técnica existentes entre Venezuela y la oficina a su cargo”.
Desde que Bachelet visitó el país en 2019 su equipo documentó violaciones a los derechos humanos. También advirtió que si bien entre mayo de 2021 y abril de 2022 pudo entrevistar a 259 personas en 21 centros de detención, a su equipo luego no se le permitió el ingreso a esos centros como la sede Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), conocido como el Helicoide, que alberga a presos políticos, según denuncias de organizaciones no gubernamentales.
Entre esos avances Bachelet destacó que se atendió su recomendación de disolver la Fuerza de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, acusada de presuntas ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras violaciones de los derechos humanos.
En tanto, el líder opositor Juan Guaidó denunció que la interrupción del servicio eléctrico en un teatro, donde daba cuenta de sus acciones al frente del llamado gobierno interino, sería una muestra de los supuestos esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro de silenciar a sus adversarios políticos.
Guaidó también expresó su preocupación por una propuesta de ley que penalizará las actividades de las organizaciones de derechos humanos que reciben dinero del extranjero y que contempla elevadas multas, entre otras restricciones para su funcionamiento.
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