El gobierno de Venezuela aseguró este miércoles que "será difícil” restablecer la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU (ACNUDH), Volker Türk, cuyo informe sobre la situación en el país fue rechazado.
Türk presentó este miércoles su actualización sobre el estado de los DDHH en Venezuela en un diálogo interactivo en el Consejo de DDHH de la ONU.
En el informe, que abarca el período comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de este año, ACNUDH resaltó diversos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, las restricciones al espacio cívico y el Estado de derecho, entre otros.
“Mientras persista esta actitud de agresión contra Venezuela será muy difícil restablecer la cooperación con su oficina, como era nuestra voluntad”, dijo Alexander Yánez Deleuze, representante permanente de Venezuela en la ONU.
Yánez sostuvo que el gobierno que representa no reconoce el informe de ACNUDH debido a que, según manifestó, su mandato es resultado de una resolución que buscaba implementar la política de “cambio de régimen” en el país sudamericano.
“Es un panfleto propagandístico cuidadosamente redactado para animar a la oposición fascista de Venezuela”, subrayó.
En abril, el gobierno venezolano se comprometió con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan a permitir el regreso de la oficina del ACNUDH.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro decidió suspender las actividades de la oficina del ACNUDH en febrero de este año, luego de acusarlo de no ser un “ente imparcial”, tras afirmar que la detención de la abogada experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, podría calificar, en ese entonces, como una desaparición forzada, lo que fue negado por la fiscalía.
Ambiente electoral
Türk aseguró este miércoles que las elecciones presidenciales del 28 de julio y las regionales previstas para 2025 en Venezuela, son una oportunidad “clave” para respetar la voluntad de la población e instó a cumplir los acuerdos sobre garantías electorales firmados en Barbados.
El ACNUDH, además, expuso que su oficina sigue recibiendo informes de detenciones a medida que se acercan las elecciones en la que Maduro busca su tercer mandato, lo que afirmó, “no se conjuga bien” y consideró que hay que esas prácticas deben ser revertidas.
En el informe, previamente, había ratificado su preocupación por las inhabilitaciones políticas que incluyen “la limitación de oportunidades para ejercer el derecho a la defensa”.
Restricciones al espacio cívico
También expresó particular preocupación por intimidación y malos tratos a familiares y reclusos, así como por las detenciones de Rocío San Miguel y el periodista Carlos Julio Rojas, quienes afirmó han sido detenidos sin acceso a asistencia legal de su elección.
“Llamo a que todas las personas detenidas arbitrariamente sean liberadadas en Venezuela”, dijo Türk al hacer referencia puntual al activista Javier Tarazona, que esta semana cumplió tres años en prisión.
ACNUDH documentó nuevas restricciones “indebidas” a la libertad de expresión, incluidos 10 nuevos casos de cierres de emisoras, que se suman a los 21 casos que previamente había registrado.
Además, expuso que al menos 50 páginas web fueron bloqueadas sin notificación de suspensión por diferentes operadores de telecomunicaciones de propiedad pública y privada.
“ACNUDH recuerda que toda limitación a la libertad de expresión impuesta por el Estado debe cumplir las condiciones de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y finalidad legítima”, resaltó el informe.
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En el documento, además, destacó que las deficiencias en el acceso y suministro de servicios básicos como agua, electricidad y combustible “siguieron agravándose” y admitió impacto de las sanciones sectoriales.
También resaltó que la persistencia de los “desafíos económicos”, entre ellos la alta inflación y la devaluación del bolívar, la moneda venezolana, factores que continuaron restringieron el poder adquisitivo, afectando “desproporcionalmente” a los grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad.
ACNUDH expuso su preocupación por un proyecto de ley sobre Organizaciones No Gubernamentales y su financiamiento que de acuerdo con diversos sectores restringe el espacio cívico. También cuestionó la introducción del Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares.
“Reitero mi llamamiento a que se abstengan de adoptar ese tipo de legislación que restringiría todavía más el derecho a la libertad de asociación y expresión”, insistió.
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