Un funcionario del gobierno en disputa de Venezuela contrató a un asesor político de Washington para aliviar las sanciones y restablecer las relaciones bilaterales entre la nación suramericana y EE.UU.
Un documento en el sitio web del Departamento del Tesoro, indica que el Procurador General nombrado por Nicolás Maduro, Reinaldo Muñoz, habría contratado por separado y hasta por 12,5 millones de dólares a Robert Stryk, de la firma Sonoran Policy Group, y a Foley & Lardner, un despacho legal con oficinas en Washington.
El documento señala que las labores del bufete y de Stryk, incluirán “desarrollar una estrategia para actuar con el Gobierno de EE.UU. a fin de retirar al Actor Extranjero u otros actores de las listas de entidades sujetas a sanciones económicas estadounidenses debido a sus vínculos con la República”.
Stryk es un vinicultor, ex asesor republicano y conocido lobista en Washington. Por su parte, Muñoz es Procurador desde 2015 y, a pesar de que EE.UU. ha sancionado en los últimos cinco años a 99 venezolanos por su vínculo, relación o trabajo con el gobierno en disputa, no está en la lista negra del Departamento de Estado de EE.UU.
Carlos Vecchio, el embajador de Venezuela del gobierno interino para EE.UU., reaccionó a la información, asegurando que “después dice Maduro que no puede comprar comida por las sanciones”. “Estaremos encima de esto”, agregó.
La noticia se conoce al tiempo que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, reconocido por EE.UU. y más de 50 países, se encuentra en una gira internacional por países del continente y Europa y se espera su paso por EE.UU.
(Con información de AP)
