El empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro y acusado de lavado de cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el gobierno de ese país, no quiere que lo vean con traje de preso y le pidió a un juez federal que limite el acceso por video a las audiencias.
En una moción de 12 páginas, la defensa de Saab aseguró que el empresario colombiano “no está buscando eliminar el acceso público, que es un derecho constitucional, sino que le solicita a la corte que cumpla con un papel de portero para impedir que se continúen violando las normativas” que prohíben fotos o videos en las audiencias judiciales.
Su propósito es que sólo un puñado de periodistas acreditados puedan acceder a las audiencias que se transmiten por Zoom, junto con abogados y familiares, y que el resto del público y los medios lo hagan por teléfono.
El juez al que le asignaron el caso, Robert Scola, respondió ordenándole a la fiscalía que haga comentarios al pedido de Saab antes del 8 de noviembre y dijo que resolverá el asunto una vez que los tenga.
Scola expresó su confianza en que si en el corto plazo o antes de que la fiscalía responda y él tome una decisión se realizan audiencias ante otros magistrados, ellos tomarán medidas apropiadas para atender las preocupaciones del acusado.
La próxima audiencia es el 1 de noviembre y allí Saab podrá declararse culpable o inocente.
Saab tuvo su primera audiencia por Zoom la semana pasada ante el magistrado John O’Sullivan, quien le notificó que enfrenta ocho acusaciones de asociación ilícita para lavar dinero y lavado de activos. Más de 300 personas participaron en la audiencia, entre ellas los abogados, el juez, fiscales y también periodistas, activistas y opositores del gobierno venezolano.
El empresario, de 49 años, fue extraditado la semana pasada tras haber permanecido 16 meses bajo arresto en Cabo Verde, donde fue detenido en junio de 2020.
La fiscalía estadounidense alega que Saab ha amasado una fortuna de más de 350 millones de dólares a través de negocios corruptos en los que habría sobornado a funcionarios venezolanos y falsificado documentos para obtener multimillonarios contratos de construcción de viviendas económicas en Venezuela.
En una carta que leyó su esposa luego de su extradición, Saab dijo que no ha cometido ningún delito y que no va a colaborar con Washington.
El colombiano se conectó a la audiencia de la semana pasada desde una sala de la prisión federal donde permanece detenido en Estados Unidos. Estaba solo, sentado detrás de una mesa, vestido con traje anaranjado de presidiario. Llevaba el cabello oscuro y largo hasta el cuello y cubrebocas. Sus palabras no fueron escuchadas ya que sólo había audio en inglés para la traductora, que interpretaba en simultáneo lo que él decía.
Unas 300 personas participaron en la audiencia, entre ellas familiares, abogados, fiscales, periodistas, activistas y opositores políticos venezolanos. El juez dijo en el transcurso de la sesión que las leyes estadounidenses prohíben la grabación de audio o videos y la toma de fotografías durante las audiencias.
Sin embargo, alegó la defensa de Saab, “decenas de medios y otros ignoraron las instrucciones de la corte y tomaron fotos y videos de la primera aparición del señor Saab” ante los tribunales.
Tras describirlo como un “diplomático venezolano” y “una figura polarizadora en el ámbito mundial”, la defensa explicó en la moción que el caso de Saab ha atraído la atención de medios de comunicación de todo el mundo.
Entre los participantes, “muchos, o tal vez la mayoría de ellos, eran miembros de la prensa que cubren el caso de Saab”, otros eran blogueros o personas “ansiosas por publicar fotografías o videos” de Saab, dijo el abogado Henry Bell.
Para fundamentar su alegato, Bell presentó una lista que incluye al menos 35 publicaciones en Twitter, Instagram y otros medios, de fotos y videos de Saab en esa primera audiencia.
“Aunque la realidad asociada con la pandemia de COVID-19 ha forzado a las cortes a realizar algunos procedimientos a través de Zoom, no se puede ignorar o violar” las leyes, indicó la defensa de Saab.
Tras una larga explicación, le pidió al juez que limite el acceso a Zoom a “sólo las partes necesarias, la familia del acusado y organizaciones periodísticas acreditadas”. El público debería tener acceso, agregó, sólo a través del teléfono.
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