La decisión del presidente Donald Trump de aplicar la política de “tolerancia cero” que llevó a la separación de familias de inmigrantes en la frontera con México tomó por sorpresa a las agencias de su propio gobierno, que no estaban preparadas para lidiar con las consecuencias, determinó un informe del Congreso publicado el miércoles.
La averiguación de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (conocida como GAO), una entidad no partidista, revela las consecuencias de haber decretado un cambio radical de las normas sin consultar con las agencias encargadas de implementarlo. Sin embargo, el texto no contiene recomendación alguna.
En momentos en que la Casa Blanca contempla aplicar medidas radicales ante el avance de una caravana de migrantes centroamericanos, el informe de la GAO sirve de llamado de alerta.
“Los funcionarios nos dijeron que sus agencias no tomaron las medidas adecuadas porque no se les había avisado”, afirmó la GAO. “Los funcionarios que entrevistamos nos dijeron que se enteraron de la directriz emitida en abril del 2018 (‘tolerancia cero’) solo cuando fue anunciada al público".
El 6 de abril, Trump emitió un decreto que ponía fin a la política de “atrapar y soltar”, mediante la cual los migrantes en la frontera luego de ser detenidos podían quedar en libertad mientras tramitaban sus solicitudes migratorias.
Ese mismo día, el secretario de Justicia Jeff Sessions ordenó a los fiscales generales adoptar una política de “tolerancia cero” hacia quienes crucen la frontera ilegalmente. Los padres que eran detenidos no podían cuidar de sus niños, por lo que cientos de familias quedaron separadas.
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El documento se enfoca en agencias del Departamento de Seguridad Nacional como la de Inmigración y Aduanas y la Patrulla Fronteriza que es parte del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, y la Agencia de Reubicación de Refugiados (Office of Refugee Resettlement, ORR), encargada generalmente de dar albergue a los menores no acompañados detenidos en la frontera.
La ORR tuvo una tarea muy distinta esta vez, pues los niños fueron calificados de “menores no acompañados” una vez que el gobierno los separó de sus padres. Otra diferencia fue que muchos de estos niños esta vez eran considerablemente más pequeños que el común de los adolescentes albergados por la ORR.
“Los albergues transformaron espacios antes usados para aulas de niños más grandes, en espacios para alojar a pequeños menores de 5 años, para lo cual tuvieron que agregar cunas y sillas y mesas más pequeñas y juguetes”, dijo el reporte.
La GAO determinó que por lo menos 103 niños menores de 4 años estaban entre los llegados.
En medio del oprobio universal que causó esta política, el gobierno de Trump eventualmente revocó la política de separaciones familiares. Un tribunal federal le ordenó al gobierno reunificar a las familias y ofrecer actualizaciones periódicas sobre su avance en el tema.
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Pero las agencias tenían otro problema: Sus sistemas computarizados no sabían cómo alertar sobre cada niño que era separado de sus padres. Como resultado, muchas veces no era posible verificar ese hecho tan crucial. ORR dijo que el Departamento de Seguridad Nacional con frecuencia no suministró esa información.
Antes de que las agencias hicieran el cambio "el sistema de datos no incluía un campo designado para indicar que un niño no estaba acompañado como resultado de haber sido separado de sus padres", aseguró el informe de la GAO.
El informe detalla que para el 10 de septiembre, oficiales identificaron 2.654 niños que fueron cubiertos por la orden de la corte de reunir a las familias. Sin embargo, ese número no incluye a todos los niños afectados, porque no todas las familias fueron amparadas por la orden judicial.
El reporte reveló que 2.217 niños que fueron parte del caso del tribunal fueron liberados de la custodia federal hasta el 10 de septiembre. Alrededor del 90 por ciento de ellos se reencontraron con sus padres, aunque algunos fueron dejados con "sponsors" o patrocinadores.
Según el informe más reciente de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), cerca de 250 niños siguen bajo custodia gubernamental.
En respuesta al informe de la GAO, Seguridad Nacional resaltó el progreso de reunificación familiar, las mejoras de su sistema computarizado y la mejor coordinación con oficiales de salud.
El legislador por Nueva Jersey, Frank Pallone, quien solicitó la investigación de la GAO, aseguró en una declaración que el informe reflejó el caos y la falta de comunicación interna dentro de la administración.
"Las graves fallas detalladas en este reporte serán recordadas, pero ojalá nunca repetidas", afirmó Pallone.
