Dos gestores extranjeros de activos financieros recibieron este martes sendas acusaciones formales por su presunta participación en un esquema de lavado de capitales de 1.200 millones de dólares obtenidos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el suizo Ralph Steinmann, de 48 años, y el argentino Luis Fernando Vuteff, de 51, fueron acusados por fiscales en el Distrito Sur de la Florida con un cargo cada uno por conspiración para cometer lavado de dinero proveniente de la petrolera.
Vuteff es yerno del dirigente opositor venezolano y exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, actualmente exiliado en España.
El líder político dijo lamentar “profundamente” tal situación.
Ledezma escribió en Twitter que ratificaba su postura de reclamar sanciones y castigos “para quienes cometan actos contrarios a la legalidad, sin caer en la temeridad de sentenciar a priori a nadie, sin antes hacer uso del beneficio del debido proceso que se permite a los indiciados en países garantistas”.
Dijo esperar junto a su familia que “aflore la verdad y solo la verdad” en el caso.
Según los documentos de la corte, que incluyen la denuncia penal del 12 de junio, Steinmann y Vuteff “conspiraron con otros” entre diciembre de 2014 y agosto de 2018 para lavar los fondos de PDVSA utilizando el sistema financiero estadounidense y cuentas de otros bancos localizados en el extranjero.
“Los conspiradores lavaron los ingresos ilícitos en conexión con un esquema cambiario corrupto de moneda extranjera que involucraba a funcionarios venezolanos criminales”, de acuerdo con el Departamento de Justicia.
Ambos acusados, así como otros que no se identifican en la nota oficial publicada este martes, “presuntamente discutieron y acordaron crear mecanismos financieros sofisticados y relaciones para lavar más de 200 millones de dólares relacionados con el esquema, así como la apertura de cuentas para o en beneficio de al menos dos funcionarios públicos venezolanos para recibir sus pagos por sobornos” vinculados a ese negocio ilícito, indicó.
Tanto Steinmann como Vuteff encaran penas de hasta 20 años de prisión por los cargos. Según el Departamento de Justicia, un juez de la corte federal del distrito sur de Florida determinará sus posibles sentencias.
Solo Vuteff ha sido arrestado hasta el momento y Suiza solicitó su extradición, a pesar de tener nacionalidad argentina, mientras que Steinmann permanece prófugo de la justicia de Estados Unidos, detalla el comunicado.
Operación Money Flight
Los anuncios sobre los cargos contra ambos acusados fueron anunciados por autoridades del Departamento de Justicia, abogados del Distrito Sur de la Florida y oficiales de Investigaciones de Seguridad Nacional, en Miami.
Este último organismo del gobierno federal es el que lidera la investigación del caso de corrupción, en colaboración con las fuerzas contra el crimen organizado de la operación conocida como 'Money Flight', que se reveló en 2018 y que involucra a funcionarios del Estado venezolano y extranjeros. Esta actuación sería la de mayor envergadura contra el lavado de dinero en la Florida.
Según los hallazgos de las autoridades estadounidenses, desde 2018 funcionarios venezolanos se asociaron con banqueros y operadores extranjeros para utilizar el mundo de los bienes raíces de Miami, Florida, y esquemas sofisticados de falsas inversiones para lavar los capitales corruptos de PDVSA.
Investigaciones independientes reportan que los casos de corrupción que involucran a funcionarios del Estado venezolano en los últimos 22 años son los de mayor denominación y frecuencia en la historia moderna.
Una indagación de la fundación especialista en crimen organizado Vortex, junto a Transparencia Venezuela, permitió determinar que en esa nación opera una “súper red” de corrupción con al menos 9.000 personas o empresas.
Solo uno de los 121 casos procesados ante la justicia de países como Estados Unidos y Europa, el 'Money Flight', supera los 1.200 millones de dólares. Se calcula que los recursos públicos de Venezuela involucrados en esos expedientes penales investigados o llevados a cortes superan los 67.000 millones de dólares.
El gobierno venezolano ha admitido públicamente la existencia de hechos de corrupción e ineficacia en el manejo de lo público en los últimos años, pero ha garantizado que lucha con vehemencia contra esas actividades criminales.
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