El acuerdo del gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria que representa a parte de la oposición de revisar las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos contra personas que aspiran a postularse como candidatos en las elecciones presidenciales de 2024 podría generar más divisiones en la fragmentada oposición, coinciden analistas.
El Reino de Noruega, país facilitador en las negociaciones entre el gobierno y la oposición, divulgó el jueves un procedimiento para la revisión de medidas que establece que “cada persona inhabilitada” podrá ejercer un recurso contra la inhabilitación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que “se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado”.
Para Mariano de Alba, especialista en derecho internacional, diplomacia y asesor sénior de la organización independiente International Crisis Group, el hecho de que el procedimiento indique que está orientado a quienes “aspiran” a postularse como candidatos, será utilizado para argumentar que la oposición puede tener un candidato distinto a María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial, lo que “podría generar más divisiones”.
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Además, considera que existen señales de que para el gobierno de EEUU la habilitación de Machado, “no es totalmente indispensable”.
“Lo crucial será la implementación de las demás garantías electorales previstas en el acuerdo”, manifestó en su red social en X.
“Los términos del procedimiento denotan que el gobierno, con el visto bueno del gobierno de EEUU y la Plataforma Unitaria, se comprometen a una obligación del medio (un proceso de revisión) pero no de resultado (la habilitación de todos los candidatos)", advierte De Alba.
Ricardo Ríos, politólogo y presidente de la consultora Poder y Estrategia, opina que, con el acuerdo sobre las inhabilitaciones, el gobierno de Maduro gana tiempo y logra dividir a la oposición debido a que podría plantear la negociación individualmente con cada afectado, evitando la “unificación” del adversario.
Además, afirma que con el procedimiento queda en evidencia la “grieta de la coalición gobernante” y que quienes “fanfarronean” contra las inhabilitaciones, están “fuera de la jugada”.
El diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, había reiterado el miércoles que el chavismo no consideraba el levantamiento de inhabilitaciones.
Sobre la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, y otros líderes opositores, entre ellos el ex candidato Henrique Capriles, pesan inhabilitaciones administrativas para ejercer cargos públicos consideradas “ilegales” y que les impedirían formalizar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024.
Machado ha dicho en varias ocasiones que desconoce la medida y que el asunto quedó resuelto en la primaria del 22 de octubre, cuando obtuvo más del 90% de los votos.
El acuerdo parcial sobre derechos políticos y garantías electorales promueve la autorización de “todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial”.
Voluntad
Zair Mundaray, ex fiscal del Ministerio Público venezolano, sostiene que las inhabilitaciones han sido decisiones políticas y estima que habilitar “es exactamente lo mismo”. A su juicio, una Ley de Amnistía sobre las sanciones administrativas podría haber solventado el asunto.
“La Asamblea Nacional puede dictar amnistías cuando haya voluntad política de hacerlo. La amnistía aplica en materia penal, administrativa y tributaria. Una simple amnistía resolvía el asunto, cómo se enfrentará ahora el tema de lapsos de caducidad de la acción, entre otros obstáculos. Sin hablar de la parcialidad de ese TSJ”, expresó en redes sociales.
Distintos sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.
Tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición, EEUU manifestó su “expectativa y entendimiento” de que Venezuela, “antes de fines de noviembre”, defina “un proceso y plazos precisos para la readmisión de todos los candidatos”.
Previamente emitió licencias generales que autorizan “temporalmente”, algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados en la hoja de ruta electoral y relativos a los presos políticos”.
En octubre, el gobierno afirmó que los derechos políticos en Venezuela “están intactos” y que sólo pueden ser levantados por medida de un tribunal. Además, sostuvo que las inhabilitaciones forman parte de un “discurso” utilizado por un sector político para “atacar” la institucionalidad venezolana.
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