Estados Unidos y otros países de la región condenaron que el gobierno de Daniel Ortega retirara la nacionalidad a 94 opositores nicaragüenses señalados como críticos de su gestión.
“Este acto es incompatible con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos tienen derecho a la nacionalidad, y condenamos la medida del gobierno de Nicaragua de restringir la nacionalidad de otros 94 ciudadanos”, dijo el jueves el vocero del Departamento de Estado Vedant Patel.
El anuncio, hecho por un alto magistrado en Managua, despoja de la nacionalidad, entre otros, al escritor Sergio Ramírez, la poeta Gioconda Belli y Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial e hijo de la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro.
![La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava (al centro) ofrece la bienvenida y comparte con los ex presos políticos nicaragüenses expulsados a EEUU, en Miami, el 15 de febrero de 2023. [Captura de pantalla de un video de VOA, José Pernalete].](https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-aa0c-08db0faeac83_cx0_cy1_cw0_w100_r1.jpg)
Este grupo de casi un centenar de opositores se une a los anteriores, 222 excarcelados la semana pasada, que fueran desterrados en un vuelo directo a Estados Unidos. El gobierno de Ortega confirmó poco después de su excarcelación que quedaban si su nacionalidad nicaragüense; el gobierno español anunció inmediatamente que les ofrecía el recurso de ciudadanía, a modo de solidaridad.
Patel, este jueves en intercambio con reporteros desde el Departamento de Estado, dijo de modo categórico: “Este es un acto deplorable. Y es otro paso atrás para el pueblo nicaragüense y sus esperanzas de seguir viviendo en la democracia que se merece”.
CIDH y OACNUDH condenan "violaciones de DDHH"
Este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe Inglés (OACNUDH) condenaron "enérgicamente las nuevas violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Nicaragua".
Ambos organismos dijeron en un comunicado conjunto que las violaciones a derechos fundamentales "se han acelerado de manera alarmante en los últimos días".
También consideran que las resoluciones sin juicio previo empujan a los desterrados "a la muerte civil" y que conlleva profundas consecuencias para ellas y sus familias.
"La criminalización de la labor de estas personas, legítima y necesaria en una sociedad democrática es inaceptable, por lo que llamamos conjuntamente al Estado a revertir urgentemente esta decisión", dice el comunicado.
Desde los Gobiernos latinoamericanos
El gobierno de Colombia se sumó al rechazo de la decisión del gobierno de Ortega, al considerar que vulnera el derecho a la nacionalidad.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó “su preocupación por la decisión de retirar también la nacionalidad nicaragüense a otros 94 ciudadanos, anunciada por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Managua el 16 de febrero de 2023”.
También lamentó la “iniciativa de Nicaragua de promover en la Asamblea Nacional la reforma de los artículos de la Constitución Política que regulan las condiciones de adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad” que llevó al retiro de la nacionalidad de los 222 presos políticos liberados la semana pasada.
La canciller chilena Antonia Urrejola dijo que la privación de la nacionalidad de opositores es "ilegal" y contradice a las reglas del derecho internacional. "A las 222 desterradas el 16 de febrero pasado se sumaron otras 94 personas despojadas de su nacionalidad, lo que evidencia una desafección total por los principios y normas básicas del derecho internacional de los derechos humanos", escribió Urrejola en una columna en Radio Cooperativa.
A pesar de las grandes diferencias entre la Administración de los presidentes Joe Biden y Daniel Ortega, Washington ha mantenido una puerta abierta a cualquier conversación, aunque ha criticado insistentemente las violaciones a los derechos humanos y el encarcelamiento de opositores políticos y miembros de la sociedad civil.
“Seguimos firmes y alentando pasos adicionales por parte del gobierno de Nicaragua para restaurar las libertades civiles, especialmente a la luz de su decisión unilateral de liberar a los 222 presos políticos a de la semana pasada. Este movimiento que acabas de describir es un paso en la dirección opuesta”, manifestó el vocero de la diplomacia estadounidense.
La resolución aprobada hace un día en Managua se basa en una supuesta “traición a la patria” por parte de los señalados, además de aplicarles sanciones “accesorias” como la imposibilidad de ejercer cargos públicos o de elección popular.
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