Con el anuncio del restablecimiento del programa “permanecer en México”, autoridades mexicanas aseguraron que el Gobierno de Estados Unidos aceptó las preocupaciones de carácter humanitario planteadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Entre ellas se destacan mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales, la protección para grupos vulnerables, la consideración de las condiciones locales de seguridad, de capacidad de albergue y de atención del Instituto Nacional de Migración.
También la aplicación de medidas contra el COVID-19, como revisiones médicas y la disponibilidad de vacunas, para los migrantes sujetos a este plan.
La administración del presidente Joe Biden puso fin a la política, puesta en marcha por su antecesor Donald Trump, después de su toma de posesión en enero, pero un juez federal determinó en agosto que el gobierno no siguió el procedimiento adecuado y ordenó su restablecimiento.
La política vuelve a implementarse después de negociaciones entre Estados Unidos y México.
Así y todo, Alberto Cabezas Talavero, portavoz de la oficina en México de la Organización Internacional para las Migraciones, considera que la política es inhumana y contraria al derecho internacional.
Dijo que los recursos son limitados y las necesidades muy amplias, ya que a lo largo de la frontera norte de México se encuentran personas expulsadas bajo el título 42, mexicanos que han sido desplazados de sus entidades de origen por diversas razones, y otras que han llegado ahí con la esperanza de cruzar de alguna manera hacia Estados Unidos.
Talavero llamó a las autoridades mexicanas y estadounidenses a disponer del presupuesto necesario y establecer una coordinación con organizaciones civiles, con el fin de atender a la personas en movilidad.
“Es un programa inhumano y es contrario al derecho internacional, sin embargo, sí creemos que hay que estar con las personas que van a ser afectadas por esta medida y lo que queremos es reducir los riesgos que enfrentan las personas bajo este programa en el tiempo que permanezcan en México”, dijo el activista.
“Toda la ayuda que podamos recibir de los gobiernos de México y Estados Unidos va a ser bienvenida, porque las necesidades son muchas, los albergues tienen muchos retos, tienen niveles de ocupación altos y necesitan todos los fondos y todo el apoyo que podamos brindarles organizaciones internacionales y los dos gobiernos involucrados”, agregó.
La organización Human Rights Watch ha señalado que a partir de la puesta en marcha de este programa, Estados Unidos envió a México a cerca de 71.000 personas que estuvieron varadas en 6 puntos fronterizos.
El Gobierno de México precisó en un comunicado que ha decidido que, por razones humanitarias y de manera temporal, no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan ya una cita para aparecer ante un juez de inmmigración en Estados Unidos.
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