Varios grupos de derechos civiles emitieron una advertencia de viajes para la Florida, debido a leyes y políticas impulsadas por el gobernador Ron DeSantis y la Legislatura que calificaron de “abiertamente hostiles a los afroestadounidenses, las personas de color y las personas LGBTQ+”.
La medida fue anunciada por la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP por sus iniciales en inglés), la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y Equality Florida, un grupo activista que defiende los derechos de los homosexuales.
La advertencia, aprobada el sábado por la junta directiva de la NAACP, advierte a los turistas que antes de viajar a Florida, deben entender que ese estado “devalúa y marginaliza las contribuciones y los desafíos de los afroestadounidenses y otras comunidades de color”.
Hasta el momento, el despacho de DeSantis no había comentado al respecto.
La Florida es uno de los estados más populares en Estados Unidos para el turismo, que comprende uno de los sectores más grandes de su economía.
Más de 137,5 millones de turistas visitaron Florida el año pasado, igualando los niveles anteriores a la pandemia, según Visit Florida, la agencia de promoción turística del estado.
El turismo mantiene 1,6 millones de empleos a tiempo completo o parcial, y los turistas gastaron 98.800 millones de dólares en la Florida en 2019, el año más reciente del que se tienen cifras.
La decisión de la NAACP surge después de que el gobierno de DeSantis rechazó en enero un currículum para estudios afroamericanos.
DeSantis y la Legislatura dominada por republicanos también han avanzado en propuestas que prohíben a las universidades tener programas de diversidad, igualdad e inclusión, y aprobaron una ley que prohíbe ciertas conversaciones o análisis sobre raza en escuelas y negocios.
En su advertencia a personas hispanas que estén considerando viajar a la Florida, LULAC citó una ley que prohíbe a gobiernos locales dar dinero a organizaciones que ofrezcan cédulas de identidad a quienes estén ilegalmente en el país, y deja sin validez las licencias de manejar de otros estados sostenidas por inmigrantes sin documentación, entre otras cosas.
La ley también obliga a los hospitales que reciben Medicaid a incluir una pregunta sobre ciudadanía en la planilla de ingreso, lo que según críticos es un intento de impedir que quienes se encuentren en el país ilegalmente busquen atención médica.
“Las acciones tomadas por el gobernador DeSantis han creado una sombra de miedo entre las comunidades del estado”, expresó Lydia Medrano, vicepresidenta de la región sudeste de LULAC.
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