La administración del presidente estadounidense Barack Obama está luchando otra ronda en una disputa legal y política sobre la deportación de inmigrantes indocumentados.
Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que pedirán una "estancia" de la orden de un juez de anular las acciones ejecutivas de Obama que protegerían a muchos inmigrantes de deportados del país.
La estancia mantendría las acciones ejecutivas en su lugar hasta que el problema es apelado ante un tribunal superior.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el gobierno espera ganar en la apelación porque "hay un fundamento jurídico sólido que permite al presidente tomar las medidas que anunció para reformar nuestro sistema de inmigración".
La acción ejecutiva enfureció a republicanos en el Congreso, quienes piensan que el presidente se extralimitó en sus funciones, y por ello tomaron la via legal para detener el decreto.
El martes, la Casa Blanca informó que el Departamento de Justicia cumpliría con el fallo de un juez en Texas que bloqueó temporalmente la protección de hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados de la deportación, pero agregó que apelaría.
Ese fallo se produjo en medio de un impasse en el Congreso de Estados Unidos sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del país, el que supervisa los procedimientos de inmigración y controles fronterizos. El financiamiento del departamento expira a finales de la próxima semana.
La ley de gastos del DHS ya aprobada por la Cámara bloquearía los cambios de inmigración de Obama, pero la legislación se ha estancado en el Senado, donde el bloqueo del Partido Demócrata ha frustrado hasta ahora a la mayoría republicana.
La mayoría de los demócratas siguen apoyando la expansión de los derechos de inmigrantes de Obama. El líder de la minoría, representante Nancy Pelosi, dijo que las acciones de inmigración del presidente son similares a las emprendidas por los presidentes estadounidenses anteriores, incluidos los republicanos.
El juez Andrew Hanen falló a favor de los 26 estados, incluyendo Texas, que habían presentado una demanda para detener permanentemente la orden de Obama.
Los estados argumentaron que el presidente se había excedido en su autoridad constitucional y impondría cargas financieras indebidas a ellos.
La orden ejecutiva del presidente incluye la expansión de un programa que protege a los jóvenes inmigrantes de la deportación si fueron traídos a los Estados Unidos ilegalmente por sus padres.
El programa debía comenzar a recibir solicitudes el miércoles. La orden del presidente también protegería a los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que han estado en el país durante al menos cinco años, sin haber cometido delitos graves.
