Conchita Beltrán cree que pronto podría ser compensada por varias propiedades que el gobierno cubano confiscó a su familia en 1959, con la llegada de la revolución. Su compatriota José Ramón López está casi listo para demandar a varias líneas aéreas por el uso del Aeropuerto Internacional de la Habana, que pertenecía a su padre y Fidel Castro nacionalizó.
Una nueva política de la administración de Donald Trump que permite demandar judicialmente en Estados Unidos a empresas que operan en propiedades de Cuba que fueron confiscadas a ciudadanos estadounidenses después de 1959, ha generado esperanzas entre la comunidad cubano-estadounidense.
Sin embargo, también hay dudas e incertidumbre debido a la complejidad de la normativa y los requisitos impuestos para poder interponer las demandas.
Entre los primeros demandantes el jueves en la corte federal en Miami se encontraban Mickael Behn y Javier García Bengochea, herederos de familias propietarias de puertos en La Habana y Santiago de Cuba que ahora se utilizan para barcos de crucero que empezaron a viajar a Cuba en 2016 bajo la política de distensión del presidente Barack Obama.
El abuelo de Behn, el estadounidense William C. Behn, era presidente de la empresa Havana Docks, dueña de tres muelles confiscados 1960. Mickael Behn, un directivo de TV que reside en Miami y Londres, dijo que demanda el triple del valor actual de los muelles, como le permite la ley.
Bengochea, un neurocirujano residente en el noreste de Florida, posee el 80% del paquete accionario de la empresa confiscada La Marítima, que operaba el puerto de Santiago de Cuba. En su demanda pide unos 20 millones de dólares.
“Queremos justicia”, dijo Bob Martínez, el abogado que representa a los dos. “Esto fue un robo, y queremos compensación por el uso ilegal de estas propiedades”.
A pesar de que miles de personas podrían demandar, más de una decena de posibles demandantes y abogados expresaron en entrevistas con AP que en un principio es probable que sólo se vea un puñado de acciones judiciales. Muchos de los posibles demandantes están reuniendo los documentos y la información necesaria para demandar. Otros tenían esperanzas, pero ahora dudan de que puedan hacerlo.
Beltrán, que se exilió en Miami en 1961, esperó por casi seis décadas el momento en que algún gobierno estadounidense implementara una ley que le permitiera ser compensada por las propiedades de su familia que el gobierno cubano nacionalizó.
Ahora está esperanzada, pero aún no puede demandar porque no ha podido determinar qué compañías extranjeras están “traficando” con las más de 850 acres de colonias de caña y 1.300 caballerías de tabaco que su familia poseía desde finales de los años 1800.
“Si Dios quiere pienso ver la restitución o compensación antes de morirme”, expresó Beltrán, una jubilada de 76 años. “Para mí es un acto de justicia que se está haciendo”, dijo refiriéndose a la nueva política estadounidense.
Uno de los primeros obstáculos que enfrentan algunos de los interesados en demandar es el precio que tienen que pagar para interponer las demandas en los tribunales: más de 6.500 dólares, comparados con un promedio de 400 para otros tipos de acciones judiciales. Además, tienen que pagar abogados, identificar a las empresas que están lucrando con las propiedades y estar seguros de que también tengan negocios en Estados Unidos, conseguir el título de propiedad o documentos que certifiquen que eran los dueños, entre otras cosas.
Estados Unidos ha implementado un embargo económico contra Cuba desde principios de los años 60, y en 1996 aprobó la Ley Helms Burton para endurecer aún más las sanciones. Pero el Título III de esa normativa, referido sobre todo a los derechos de propiedad, había sido exceptuado hasta ahora.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció a mediados de abril que desde el 2 de mayo la ley será implementada en su totalidad. Así, los estadounidenses -entre ellos los cubanos que se han naturalizado como estadounidenses después que les quitaron sus propiedades_ tienen ahora derecho a demandar a compañías que operan en hoteles, negocios tabacaleros, destilerías, muelles y otras propiedades que Cuba nacionalizó después de que Castro tomó el poder.
El anuncio provocó duras respuestas del gobierno cubano, canadiense y de la Unión Europea.
La Unión Europea dijo que podría presentar una demanda ante la Organización Mundial de Comercio o sancionar a las entidades estadounidenses que recurran a la ley Helms-Burton.
“La UE considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales es una violación del derecho internacional y tomará las medidas apropiadas”, dijo el bloque europeo en un comunicado.
Cuba teme que sus niveles de inversión extranjera, bajos de por sí, podrían sufrir efectos permanentes si se activa la ley. En un desfile del Primero de Mayo el miércoles en La Habana, muchos asistentes portaban carteles y coreaban lemas contra la ley Helms-Burton.
La ley “constituía un esfuerzo para atar las manos de cualquier presidente que intentara mejorar las relaciones con Cuba”, dijo Carlos Fernández de Cossío, director general cubano de asuntos estadounidenses.
“Sin duda habrá un efecto de amenaza que inhibirá a algunos de los inversionistas de ir a Cuba. No podemos ignorar que eso sucederá”, dijo a The Associated Press en Washington. “Tal vez afectará los niveles de vida, las condiciones de vida, del común de los cubanos... Tal vez dañará la relación de Estados Unidos con Cuba más de lo que está hoy”.
En Cuba operan empresas de Canadá, España y otros países que pudieran perder decenas de millones de dólares en compensaciones e intereses.
“No es fácil que un demandante cumpla con todas las condiciones que requiere la ley para presentar una demanda válida”, expresó la abogada Aymee Valdivia, del bufete Holland & Knight, que representa a compañías de cruceros y cadenas hoteleras que podrían ser demandadas. “Hay temas que aún no quedan claros, dijo y explicó que aún no se sabe cómo los tribunales van a interpretar y aplicar las excepciones de lo que significa “traficar” con las propiedades.
La normativa habla de que una de las condiciones para demandar es que las empresas estén “traficando” con las propiedades nacionalizadas en Cuba.
Beltrán, cuyo esposo falleció hace 35 años soñando con recuperar sus propiedades, dijo que el gobierno cubano no facilita la información sobre las empresas que trabajan en sus propiedades y algunos amigos que viven en la isla temen represalias y por eso tampoco la ayudan. Pero aún si no puede reunir la información que necesita, confía en que las compañías extranjeras la contacten para llegar a un acuerdo y evitar así una demanda.
El Departamento de Estado ha certificado unos 6.000 reclamos como meritorios, con un valor calculado en unos 8.000 millones de dólares. Pero hay además otras 200.000 reclamaciones sin certificar que ascenderían a decenas de miles de millones de dólares, de acuerdo con Kimberly Breier, la principal diplomática estadounidense para las Américas.
Una de esas reclamaciones sin certificar es la de José Ramón López, cuya familia era propietaria desde 1952 de tres hoteles, el Aeropuerto de La Habana y la compañía Cubana de Aviación. Ahora López está preparando todos los documentos para demandar al gobierno de Cuba, a cadenas de hoteles españolas y “todas las compañías aéreas” que operan en la aeroestación de la capital cubana y tienen negocios también en Estados Unidos.
“Al final del camino le van a reconocer lo que es de uno”, expresó López, un jubilado de 65 años que divide sus días entre Madrid y Miami. “Ahora ha llegado el momento”, dijo refiriéndose a la posibilidad de demandar en las próximas semanas.
