El Salvador cumple este 7 de septiembre tres años de haberse convertido en el primer país del mundo en legalizar la criptomoneda Bitcoin. A pesar de la intervención del Estado en hacer del Bitcoin una alternativa de pago, la población salvadoreña sigue sin hacer uso masivo del criptoactivo.
En septiembre de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en formato exprés la Ley Bitcoin. Eso significó que ciudadanos, empresas e instituciones comenzaran a adoptar obligatoriamente la criptomoneda como forma de pago.
Desde entonces, el gobierno de Nayib Bukele ha instaurado toda una infraestructura dedicada a la criptomoneda: cajeros por doquier e instituciones que cobran únicamente con Bitcoin, como el hospital para mascotas ChivoPet. También, en su momento, fue lanzada la billetera digital ChivoWallet que contó con un fondo inicial de 30 dólares en Bitcoin, pagados con fondos públicos, para todo salvadoreño mayor de 18 años, pero el proyecto no despegó.
En 2023, ocho de cada 10 salvadoreños no utilizaron la criptomoneda, según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Y al menos la mitad de los encuestados se mostraron desacuerdo con que el Estado utilice fondos públicos para ello.
Según el gobierno de Bukele, El Salvador ha gastado alrededor de 400 millones de dólares en la operatividad de la criptomoneda, entre esto, la compra de monedas. Una información que no puede cotejarse porque se encuentra bajo reserva.
Además, El Salvador vendió el uso de la criptomoneda como una alternativa para que las personas que envían remesas hacia El Salvador no gasten en la comisión que les cobran las agencias por la transferencia. En caso de utilizar la moneda digital, el envío sería gratuito, sin embargo, las transacciones no crecen.
Entre enero y mayo de 2024, El Salvador recibió 3.390 millones de dólares en remesas, según el Banco Central del país, y de este monto solo 35 millones, es decir el 1 % fue enviado mediante billeteras electrónicas. El resto continúa siendo enviado por medio de agencias tradicionales.
La aceptación de la criptomoneda entre la población comerciante también se estrelló contra la realidad por el desconocimiento en el área.
Edwin Fernández es comerciante mayorista en el mercado municipal de Santa Tecla, en La Libertad, uno de los departamentos más poblados del país centroamericano. Él prefiere hacer negocios usando el dólar, una moneda que se introdujo al país centroamericano en 2001 durante el gobierno de derecha del expresidente Francisco Flores.
“No me gusta utilizarlo, solo el dinero en efectivo. No me parece ese Bitcoin. Yo soy negociante y trato con dinero en efectivo que con Bitcoin”, dijo a la Voz de América.
En contraparte Manuel Hernández, un vendedor de servicios de telefonía considera que el uso del Bitcoin es variado.
“Hay altas y bajas en el Bitcoin, pero el que sabe se divierte. La verdad casi nadie lo utiliza, pero es porque no saben cómo funciona en realidad la criptomoneda. Las personas que lo utilizamos es porque sabemos cómo funciona. Entre mi circulo social son pocas las personas que lo usan”, agregó a la VOA.
Los usuarios de la criptomoneda suelen hacer compras con Bitcoin en grandes cadenas de supermercados y restaurantes, según sondeos. También la usan para el pago de servicios en algunas entidades públicas.
Aunque el mismo Bukele reconoció recientemente en una entrevista para la revista TIME que el Bitcoin "no ha tenido la adopción generalizada que esperábamos", sí se jactó de que la legalización le dio a El Salvador “marca”, “nos trajo inversiones, nos trajo turismo", dijo.
En 2021, Bukele le prometió a los aficionados de la criptomoneda en todo el mundo que construiría en El Salvador una “Ciudad Bitcoin”, una especie de metrópoli que funcionaría con energía geotérmica y que sería sostenida y financiada con criptomoneda. Además de ser una ciudad libre de impuestos. Hasta el momento, la ciudad no se ha construido, pero el gobierno ha visto crecer el turismo.
Según datos del Ministerio de Turismo de El Salvador, en el año 2023 entraron 3,4 millones de turistas internacionales. Esto significó un aumento del 33 % de visitas en comparación con el año 2022.
Uno de los atractivos que buscan los turistas extranjeros son las playas de la costa salvadoreña, entre estas, playas surf donde casi todo puede pagarse con Bitcoin.
Una de esas playas es El Zonte, donde comenzó el Bitcoin en El Salvador aunque desvinculado de la mano gubernamental. La playa se halla ubicada en La Libertad, y al igual que otras cercanas, tiene varios comercios donde se puede pagar con Bitcoin desde un refresco hasta un cuarto de hotel.
Sin embargo, a nivel nacional la adopción del Bitcoin sigue viendose como una medida lejana a lo que el gobierno planteó desde un inicio: acercar a los salvadoreños que no se encontraban bancarizados a un sistema de manejo de fondos en formato digital.
Además, su legalización ha enfrentado obstáculos: no ha sido bien recibida por organizaciones crediticias internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aceptó el pasado 4 de abril que el Bitcoin es "clave" para las conversaciones que está teniendo con el gobierno salvadoreño en torno a un préstamo por 1.300 millones de dólares.
El gobierno, sin embargo, abraza la criptomoneda con un aproximado de 5.600 monedas de bitcoin, cuyo valor supera los 400 millones de dólares. Esto en medio de una crisis económica.
Casi la mitad de la población en El Salvador no tiene acceso a un empleo formal con prestaciones sociales como salud y ahorro para pensión, según la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC), que evalúa la calidad de vida de los ciudadanos a través de su encuesta anual de "Hogares de Propósitos Múltiples".
En 2023, el 42,5 % de los salvadoreños sobrevivieron gracias al "subempleo", es decir, trabajos sin prestaciones legales y en condiciones precarias.
Desde 2021, el salario mínimo en El Salvador se ha mantenido en 365 dólares mensuales. Según la legislación, este debe revisarse al menos cada tres años, teniendo en cuenta el costo de vida, que incluye alimentación, vestuario, vivienda y educación, entre otros factores.
A pesar de que la canasta básica ha aumentado un 30 % desde la última revisión, el gobierno aún no ha iniciado discusiones sobre un posible incremento del salario mínimo.
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