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Venezuela: Parlamento de mayoría oficialista propondrá 27 fechas para las elecciones presidenciales


Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría oficialista de Venezuela durante la firma de un documento con propuesta de calendario electoral que presentarán ante el Poder Electoral.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría oficialista de Venezuela durante la firma de un documento con propuesta de calendario electoral que presentarán ante el Poder Electoral.

Varios sectores de la sociedad civil venezolana, consulados por el Parlamento de mayoría oficialista, firmaron un documento con el que propondrán al Consejo Nacional Electoral 27 fechas para la celebración de las elecciones presidenciales de este año.

El Parlamento venezolano de mayoría oficialista, junto a representantes de diversos sectores del país, propondrán al Poder Electoral al menos 27 fechas para celebrar elecciones presidenciales en Venezuela, que fueron plasmadas en un documento de “consenso” firmado el miércoles.

“Los que se encuentran en el marco establecido por el Acuerdo de Barbados que señala el segundo semestre del año 2024, algunos que preferían una fecha muy anterior de esa elección. Tenemos 27 fechas y el Consejo Nacional Electoral dará las discusiones técnicas”, dijo Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento.

El documento, a juicio de Rodríguez, es el "desarrollo" del Acuerdo de Barbados y lo sustituye. En el acto no participó la Plataforma Unitaria de la oposición.

La propuesta será enviada el viernes al Consejo Nacional Electoral (CNE), que no ha revelado una fecha ni el calendario electoral.

Aunque es competencia del CNE convocar elecciones y presentar el calendario, Rodríguez impulsó a principios de este mes una consulta con políticos alejados de la oposición tradicional, empresarios, académicos y gremios.

El presidente del Parlamento aseguró que el documento contiene “todas las garantías electorales fundamentales” , incluyendo amplias auditorías, y destacó que también contempla una propuesta de normativa para el funcionamiento de las redes sociales en las campañas electorales.

Sobre la observación electoral, Rodríguez precisó el miércoles que podrán participar invitados del CNE que cumplan con las leyes venezolanas y el principio de “imparcialidad”.

En octubre, el gobierno y la opositora Plataforma Unitaria, tras mediación de Noruega, firmaron en Barbados un acuerdo político, con el que buscaron sentar bases para unas elecciones presidenciales competitivas. El acuerdo prevé, entre otras cosas, la invitación de misiones de observación electoral, entre ellos la Unión Europea.

Además, contempla celebrar elecciones en el segundo semestre de 2024 y promover de manera conjunta ante el CNE las garantías electorales para todos los actores dispuestos a participar en el proceso electoral.

Pero luego de que Estados Unidos reimpuso sanciones a Venezuela en respuesta a la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado, aspirante de la oposición a las presidenciales, el Parlamento convocó esta consulta y construyó esta propuesta de cronograma junto a un grupo de precandidatos presidenciales, tildados de “colaboracionistas” y cercanos al poder.

En todo caso, Venezuela es hoy el único país de América Latina que aún no conoce la fecha concreta de las elecciones presidenciales de este 2024. Ni la legislación electoral ni la constitución establecen el día en que se debe celebrar el proceso. Lo único fijado constitucionalmente es la fecha en que inicia el período presidencial. En este caso, 10 de enero de 2025.

Registro Electoral

Si bien la fecha de la presidencial es clave, otros elementos también lo son, por ejemplo, la actualización y depuración del registro electoral tanto en Venezuela como en el exterior, la observación internacional y que las personas en el exterior puedan inscribirse para votar.

Respecto a los electores en el exterior, Rodríguez afirmó que “jamás se les ha negado el derecho al voto” a venezolanos debidamente inscritos y que quienes lo impiden son los gobiernos que “agreden” a Venezuela y que no mantienen relaciones diplomáticas ni consulares.

Según Súmate, una organización con capacidad técnica para facilitar procesos electorales, en el exterior existen al menos 1,3 millones de personas menores de 35 años que deberían inscribirse por primera vez en el Registro Electoral, y 4,3 millones inscritos en Venezuela, pero que deben hacer algún cambio.

¿Qué tan cerca está Venezuela de celebrar elecciones libres y competitivas en 2024 como pide la oposición?
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“Vamos a ganar en la fecha que pongan”

El comando de campaña de Machado, más temprano, afirmó que se mantienen apegados al Acuerdo de Barbados y que independientemente de la fecha y el cronograma que se establezca, la aspirante presidencial ganará las elecciones.

“Nada ni nadie nos va a sacar de la ruta electoral (…) Estamos preparados para cualquier escenario y estamos seguros que el escenario que nos pongan vamos a participar, María Corina es la candidata, será la candidata y será la presidenta”, dijo el dirigente político Biagio Pilieri desde la sede de Vente Venezuela, partido de Machado.

Pilieri, además, descartó la designación de un candidato sustituto. “De la única sustitución que está hablando el país, es de la sustitución de Maduro por María Corina cuando ella gane la elección presidencial en 2024”.

Según el más reciente sondeo de la encuestadora Datincorp, el 55 % de los consultados votarían por Machado si las elecciones fuesen mañana, un 14 % lo haría por Maduro y un 8 % por otros candidatos.

El martes, la Plataforma Unitaria exigió dejar sin efecto las inhabilitaciones que consideran “inconstitucionales y arbitrarias” y que, sostienen, se “fabrican” a conveniencia del gobierno.

Las delegaciones del gobierno y la Plataforma Unitaria se han acusado mutuamente de violar los acuerdos.

La oposición ha denunciado que el oficialismo ha violado parcialmente el acuerdo, entre otros motivos, por no respetar el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato. Machado, con más de dos millones de votos, ganó en octubre la primaria presidencial que el gobierno considera un “fraude”.

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