La Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua anunció el miércoles la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas, luego de que una juez de Managua les notificara la incautación de todos sus bienes inmuebles, así como sus “productos financieros”.
En un comunicado enviado por correo a la comunidad estudiantil, la UCA, dirigida por jesuitas, indicó que esto responde a señalamientos “infundados” de la justicia nicaragüense que acusa a la institución de haber funcionado como “un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”.
La Universidad que fue un bastión durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega y la primera dama, Rosario Murillo, en el año 2018, indicó que el edificio estará "a favor del Estado de Nicaragua".
"La Universidad Centroamericana (UCA) agradece la confianza, solidaridad y cercanía expresada por estudiantes, docentes, personal administrativo y la sociedad nicaragüense que se identifica con los principios y valores de esta alma mater", dijo la casa de estudios con más de 60 años de historia.
Estudiantes en incertidumbre
La medida de la justicia nicaragüense deja en el limbo a unos 9.500 estudiantes de pregrado y posgrado, según su sitio web.
"Yo estaba prácticamente a punto de terminar mi carrera y eso lo hace más frustrante. No tengo idea de qué va a pasar ahora con mi educación. Espero poder lograr aunque sea obtener esos documentos para no quedar en el aire", dijo a la Voz de América un joven estudiante de Comunicación Social que pidió no ser identificado. "Lo más probable es que busque cómo salir del país porque mi carrera en la UCA era lo último que me mantenía en Nicaragua".
Ortega ha cancelado unas 27 universidades en los últimos dos años y medio. De estas, doce han sido confiscadas.
Numerosos académicos aseguran que la UCA es la universidad más importante del país que ha sido cancelada y temen que la medida impacte a los jóvenes, que quedan con pocas opciones para continuar su formación de manera crítica.
La Universidad Centroamericana es la primera universidad privada creada en Centroamérica. Fue fundada por la Compañía de Jesús en 1960 como una institución educativa sin fines de lucro.
El gobierno de Ortega había retirado el apoyo paulatinamente a esta casa de estudios, desde el año 2018 cuando se le retiró el respaldo del 6 % estipulado en la Constitución de Nicaragua a las casas de estudio y fue separada del Consejo Nacional de Universidades.
Rechazo internacional y nacional por clausura a la UCA
Organizaciones regionales y locales reaccionaron ante la medida judicial contra la UCA en Nicaragua.
La Provincial Centroamericana de la Compañía de Jesús indicó en un comunicado que las “graves acusaciones” contra la UCA son totalmente “falsas e infundadas”, y consideró que son el “precio a pagar por la búsqueda de una sociedad justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense”.
El texto destaca que la medida “no es un hecho aislado”, sino que forma parte de una serie de “ataques en contra de la población e instituciones de la sociedad civil”.
Por su parte el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más expresó a través de la plataforma X, antes conocida como Twitter, que “el régimen ha convertido al país en un estado totalitario en donde a toda costa quiere de forma absoluta controlar todos los espacios educativos”.
“La acción se trata de un robo a la comunidad universitaria y golpe definitivo a la educación superior en el país pues a la fecha son al menos 27 universidades las cerradas”, indicó el Colectivo, quien hizo un llamado a la comunidad internacional a que tome las medidas posibles “ante las violaciones a los derechos humanos del pueblo”.
El gobierno de Ortega no se ha pronunciado a la fecha sobre la medida.
EEUU también condena cierre de Universidad Centroamericana
Ya el jueves, el gobierno estadounidense tildó de “erosión de las normas democráticas” la decisión del gobierno de Nicaragua de cerrar la Universidad Centroamericana. En conferencia de prensa, el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, aseguró que esto es muestra de "un espacio cívico asfixiante”.
“La decisión es una señal más de que Ortega y Murillo continúan abrazando el autoritarismo y socavando todas las instituciones independientes en Nicaragua, a pesar de sus esfuerzos, no pueden extinguir la libertad de pensamiento”, expuso Patel.
El Departamento de Estado, además, aseguró que continuará “utilizando herramientas diplomáticas y económicas” para promover la responsabilidad a Ortega y Murillo por sus actos, mientras continúan el llamado a la libertad de las personas encarceladas en Nicaragua, incluido el obispo Rolando Álvarez.