Un total de 96 organizaciones sin fines de lucro fueron ilegalizadas este jueves en Nicaragua -una cifra sin precedentes en un solo día- llegando así a un total de casi 500 desde el año 2018, cuando empezaron las protestas en contra del presidente Daniel Ortega.
Esta semana también fueron canceladas otras 83 oenegés, entre las que destaca la Academia Nicaragüense de la Lengua, fundada hace 93 años, lo que causó críticas de intelectuales a nivel nacional e internacional.
Dentro de las organizaciones afectadas este jueves, se encuentran varias enfocadas en los derechos humanos, otras en la defensa de los derechos de las mujeres y algunos centros de pensamiento.
Una de las organizaciones más conocidas es el Centro de Estudios Internacionales (CEI), el cual estaba dirigido hasta 2013 por la hijastra de Daniel Ortega, Zoilamérica Ortega Murillo, quien acusó al mandatario por presunto abuso sexual.
Ortega-Murillo evitó referirse a la cancelación a la Voz de América, sin embargo, en una entrevista pasada, la socióloga manifestó que las anulaciones representan “un exterminio de las expresiones de la sociedad civil” y agregó que con estos cierres se busca “convertir a Nicaragua en un desierto de expresiones autónomas”.
![El Parlamento de Nicaragua. [Archivo de la VOA]](https://gdb.voanews.com/02d10000-0aff-0242-340a-08da2d994352_w100_r1.jpg)
“Definitivamente se está tejiendo un cerco en el cual cualquier tipo de política de atención social va a venir exclusivamente del gobierno y todo tendrá que ser agradecido al gobierno de Nicaragua y concretamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo”, dijo Zoilamérica a VOA en aquel entonces.
La fundamentación para ilegalizar a los organismos son supuestas causas de incumplimiento de la inscripción en el registro como Agente Extranjero, que es una ley aprobada recientemente y que buscaba controlar a las entidades.
De igual forma se les acusa de presuntamente incumplir en mostrar sus estados financieros. También se les acusa de no actualizar las juntas directivas, ni de reportar donaciones previas, provenientes del exterior.
“Las entidades referidas han transgredido e incumplido con sus obligaciones establecidas en la legislación que les rigen”, indica el documento oficial que justifica el inminente cierre de los organismos que subraya que “con estas acciones las entidades han obstaculizado el control y vigilancia” correspondiente.
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