El cartel de la droga del Clan del Golfo cerró decenas de pueblos en el norte de Colombia durante cuatro días en reacción a la extradición de su líder a Estados Unidos para ser juzgado. Advirtió que cualquiera que desobedeciera la orden de quedarse en casa corría el riesgo de recibir un disparo o quemar su vehículo.
Los negocios cerraron, las escuelas permanecieron cerradas, se suspendió el servicio de autobuses interurbanos y no se pudo jugar un partido de fútbol profesional después de que uno de los equipos se negara a viajar al partido.
El decreto de “paro armado” del Clan del Golfo fue emitido el jueves en panfletos y mensajes de WhatsApp tras la extradición de Dairo Antonio Usuga —también conocido como Otoniel— a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico.
La acción parecía estar llegando a su fin el lunes, según informes de grupos de derechos humanos y la Iglesia Católica Romana, pero se subrayó que el cártel sigue siendo una gran amenaza para la seguridad a pesar del arresto de Otoniel, que fue muy publicitado el año pasado.
Los analistas dijeron que la capacidad del cartel para cerrar varias ciudades destacó las deficiencias en la larga lucha del gobierno contra los grupos narcotraficantes.
“La estrategia de seguridad de centrarse en objetivos de alto perfil no garantiza la seguridad de los civiles”, dijo Elizabeth Dickinson, analista sénior de International Crisis Group.
Camilo González, presidente del think tank colombiano Indepaz, dijo: “El narcotráfico no terminará con la captura de Otoniel. Cuando capturaron a Pablo Escobar dijeron que se acabaría el narcotráfico y hoy hay más que entonces”.
Según el Ministerio de Defensa de Colombia, tres civiles y tres policías fueron asesinados durante los cuatro días del cierre y más de 180 autos fueron quemados por aparentemente violar la orden del cártel, la mayoría en caminos rurales.
Cifras aún peores fueron reportadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal creado luego del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y el grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
El tribunal dijo que 24 civiles fueron asesinados en áreas cubiertas por el paro del Clan del Golfo, que obligó a la gente a quedarse en casa en 138 municipios de las provincias norteñas de Chocó, Sucre, Bolívar, Antioquia y Córdoba.
En Montería, una capital provincial de casi 500.000 habitantes, el comercio se paralizó durante cuatro días y la empresa local de gas dejó de entregar cilindros a los hogares. Un partido de fútbol entre el equipo local Jaguares y un club de Medellín fue suspendido el domingo porque los visitantes se negaron a viajar a Montería por temor a que su autobús fuera atacado por sicarios del cártel.
El Clan del Golfo, que también se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia, fue fundado en la primera década de este siglo por líderes de grupos paramilitares que se negaron a sumarse a un acuerdo de desmovilización en el que participaban otros grupos.
Otoniel, el líder más reciente del Clan del Golfo, había sido durante mucho tiempo un elemento fijo en la lista de los más buscados de la Administración de Control de Drogas de EE.UU.
Fue acusado por primera vez en 2009 en un tribunal federal de Manhattan por cargos de narcóticos y por supuestamente ayudar a un grupo paramilitar de extrema derecha designado como organización terrorista por el gobierno de los Estados Unidos. Las acusaciones posteriores en los tribunales federales de Brooklyn y Miami lo acusaron de contrabandear al menos 73 toneladas métricas de cocaína a los Estados Unidos entre 2003 y 2014.
Las autoridades colombianas han tratado de restar importancia al paro del cartel, diciendo que desplegaron 52.000 soldados para garantizar la seguridad de los civiles en las áreas afectadas.
El presidente Iván Duque dijo el sábado que las acciones tomadas por los miembros del cártel fueron “incidentes aislados” destinados a intimidar a los lugareños que insisten en que la organización ahora es más débil y su liderazgo se ha fragmentado.
La policía ofreció recompensas de más de un millón de dólares por la captura de tres hombres que han sido identificados como los nuevos líderes del clan. Pero los críticos del gobierno dijeron que los días del clan están lejos de terminar.
“El gobierno puede eliminar a líderes importantes”, dijo González, el presidente del grupo de expertos de Indepaz. “Pero esta es una red mafiosa que también incluye a políticos y lavadores de dinero. Y también está involucrada en el tráfico de personas, la minería ilegal de oro y otros negocios”.
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