![Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, nuncio apostólico en Nicaragua. [Foto de archivo]](https://gdb.voanews.com/fd8766c1-99a4-4641-8dda-759e08904222_w250_r1_s.png)
El Vaticano se pronunció finalmente este sábado tras la decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar a su enviado a Managua, el polaco Waldemar Stanislaw Sommmertag, y la calificó de “grave” e injustificado”.
“La Santa Sede ha recibido con sorpresa y dolor la comunicación de que el Gobierno de Nicaragua ha decidido retirar el beneplácito (agrément) a Su Eminencia Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, Nuncio Apostólico en Managua desde 2018, imponiéndole que dejara inmediatamente el país después de notificarle esa medida”, señala el el comunicado emitido por el Vaticano.
El nuncio apostólico salió de Nicaragua el 6 de marzo en medio de hermetismo e información poco clara, no obstante, el presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Herrera, dijo a un medio local en Managua, Canal 10, que las relaciones entre el gobierno y el diplomático “no eran buenas”.
Sommmertag llegó a Nicaragua en mayo de 2018, justo cuando iniciaron las protestas antigubernamentales que dejaron más de 300 muertos y miles de heridos y exiliados.
De hecho, el enviado del Vaticano jugó un papel fundamental en ese entonces gestionando la liberación de un nutrido grupo de presos políticos y sirvió de interlocutor entre los opositores y el gobierno.
Sin embargo, luego de las manifestaciones aplacadas por Ortega con violencia y detenciones, las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno se deterioraron al punto que el mandatario sandinista tildó de “satánicos” y “golpistas” a los jerarcas religiosos.
Arremetida diplomática
La expulsión del nuncio se da en medio de otras medidas similares tomadas por la administración del izquierdista Daniel Ortega. El 24 de febrero el mandatario retiró las credenciales al embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rangel.
De igual forma se conoció que Ortega retiró a su embajador en España, Carlos Midence, luego de que tampoco se le permitiera el regreso al país de la diplomática María del Mar Fernández, por lo que España advirtió que aplicaría el “principio de reciprocidad”.
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