En Myanmar se cumple este martes el primer año del golpe militar del 1 de febrero de 2021 con un número elevado de muertos y desplazados, y combates entre las fuerzas de la junta y una obstinada resistencia armada que ha impedido al Gobierno el control total del país.
Los observadores dicen que el último año retrasó a Myanmar una década o más, mientras que no se ve una salida inminente a la crisis.
“Solo hay algo peor que una dictadura brutal y es una dictadura brutal que no tenga todo el control, y eso es lo que sucede esencialmente en Myanmar”, dijo Hervé Lemahieu, un analista del Lowy Institute en Australia.
Sumando la pandemia de COVID-19, Naciones Unidas dice que el conflicto lanzará a la pobreza a casi la mitad de los 55 millones de habitantes de Myanmar este año, un nivel no observado desde 2005.
“Es una década de desarrollo perdida, probablemente una generación perdida”, sentenció Lemahieu.
Tras décadas de gobierno militar, los generales en Myanmar iniciaron reformas democráticas en 2011, solo para despojar del control estatal a una popular administración civil democráticamente elegida, alegando denuncias de fraude en las elecciones de 2020.
La población respondió con protesta masivas en que la policía disparó contra manifestantes, con un saldo de centenares de muertos y miles de detenidos. La lucha pasó entonces a focos de resistencia armada de milicias en todo el país, algunas de las cuales que se unieron a grupos rebeldes de minorías étnicas bien armadas ya establecidos que controlan territorios en las montañosas áreas fronterizas.
De acuerdo con la Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticos, un grupo de derechos humanos con sede en la vecina Tailandia, las fuerzas de la junta han matado en un año a 1.500 civiles, y arrestado a más de 11.800 políticos, trabajadores de salud, periodistas, activistas, etcétera.
Muchos han sido torturados e incluso han muerto en custodia.
La junta disputa las cifras de la AAPP y afirma que solo arresta y ataca a terroristas, sin embargo, Naciones Unidas y otras entidades afirman que los militares siguen lanzando asaltos indiscriminados con cohetes y ataques aéreos en las áreas controladas por la oposición, que han desplazado a más de 400.000 personas desde el golpe.
Tom Andrews, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Myanmar dice que la junta está cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Min Zin, director ejecutivo del Instituto para Estrategia y Política de Myanmar, dice que los militares han consolidado en gran parte el control sobre el centro del país, pero no en los lugares donde las nuevas milicias ofrecen resistencia.
En las ciudades, la gente también resiste, abandonando los trabajos en el Gobierno, desconociendo sus impuestos y boicoteando la vasta red de negocios de los militares, señala Andrews.
En su opinión y las de otros observadores, ni la junta ni la resistencia armada podrán prevalecer, pero ninguna de las partes ha expresado disposición para conversaciones.
Los generales tienen su propio plan para celebrar elecciones a mediados de 2023, pero pocos esperan otra cosa que comicios amañados que negarán el regreso al poder de la Liga Nacional para la Democracia
La líder del partido, Aung San Suu Kyi, fue arrestada el día del golpe y ha sido declarada culpable de cargos presuntamente inventados y aún enfrenta más.
En esta situación, dice Lemahieu, solo puede esperarse más miseria.
[Con información de Zsombor Peter, VOA]
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