En los centros penitenciarios de Venezuela abundan los casos de reclusos con enfermedades que no están siendo atendidas correctamente por las autoridades gubernamentales.
Así lo recoge un informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Carolina Girón, directora de la ONG que vela por los derechos de los presos, alerta que entre octubre de 2019 y abril de 2020, de las 55 muertes que se contabilizaron en los centros penitenciarios, 40 fueron por motivos de salud.
La mayoría de las muertes estuvieron ligadas a la desnutrición y el hacinamiento, que según el OVP es de 167%.
Girón detalló que cuando en marzo fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente a la COVID-19, se prohibieron las visitas y el ingreso de medicamentos y alimentos a los centros de reclusión.
Y “no hubo un protocolo de atención”, por lo que muchos de los presos con VIH y tuberculosis no recibieron durante tres meses el tratamiento entregado por sus familiares, que no por el Ministerio de Salud.
El médico infectólogo Santiago Bacci insistió en que “hay que reestructurar la parte de atención médica en los centros penitenciarios”, y recordó que uno de los hallazgos de un estudio sobre el VIH y la tuberculosis en las cárceles del país es que las muertes “por enfermedad superaron las muertes por hechos violentos”.
De acuerdo al fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, la institución que preside y el Poder Judicial se encuentran trabajando para descongestionar los centros de detención.
Así lo recoge un informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Carolina Girón, directora de la ONG que vela por los derechos de los presos, alerta que entre octubre de 2019 y abril de 2020, de las 55 muertes que se contabilizaron en los centros penitenciarios, 40 fueron por motivos de salud.
La mayoría de las muertes estuvieron ligadas a la desnutrición y el hacinamiento, que según el OVP es de 167%.
Girón detalló que cuando en marzo fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente a la COVID-19, se prohibieron las visitas y el ingreso de medicamentos y alimentos a los centros de reclusión.
Y “no hubo un protocolo de atención”, por lo que muchos de los presos con VIH y tuberculosis no recibieron durante tres meses el tratamiento entregado por sus familiares, que no por el Ministerio de Salud.
El médico infectólogo Santiago Bacci insistió en que “hay que reestructurar la parte de atención médica en los centros penitenciarios”, y recordó que uno de los hallazgos de un estudio sobre el VIH y la tuberculosis en las cárceles del país es que las muertes “por enfermedad superaron las muertes por hechos violentos”.
De acuerdo al fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, la institución que preside y el Poder Judicial se encuentran trabajando para descongestionar los centros de detención.
